Durante años, México presumió haber alcanzado algo que parecía imposible décadas atrás: una prensa incómoda, crítica y capaz de exhibir al poder. Costó sangre, amenazas, desapariciones y vidas enteras construir ese espacio. Pero existía. O al menos eso creíamos.
Hoy ejercer el periodismo vuelve a parecer un oficio de guerra.
En este país, una investigación seria puede convertirse en sentencia. Una nota incómoda puede significar vigilancia. Una columna puede desatar persecuciones digitales, amenazas físicas o llamadas “amistosas” que en realidad esconden advertencias.
Y lo preocupante es que esa dinámica ya no sólo ocurre en los grandes círculos nacionales donde operan gobernadores, cárteles o intereses multimillonarios. El veneno ya bajó a lo local. Ya alcanzó ciudades medias. Ya se respira en municipios donde todos se conocen y donde el poder político empieza a confundirse con el derecho a intimidar.
Tehuacán parece estar entrando justamente en esa fase, según me reportan compañeros de esta ciudad y región, la segunda más importante en el estado.
Mientras el país observa cómo Morena vive una adelantada carrera interna disfrazada de “movimientos ciudadanos”, “asambleas informativas” y “recorridos de cercanía”, en varios municipios la efervescencia política comenzó a salirse del control institucional.
Y en Tehuacán, cuentan periodistas locales, ya empezó la parte peligrosa.
La historia que circula entre reporteros, directores de medios y operadores políticos tiene un patrón demasiado específico para ignorarlo.
Hablan del esposo de una aspirante que se mueve intensamente rumbo a una candidatura importante. Una mujer con peso partidista, estructura, relaciones y respaldo político.
Pero el problema no sería ella.
El problema —según versiones reiteradas dentro del gremio— es el método.
Porque varios periodistas refieren que este personaje, acompañado de dos o tres operadores, habría comenzado a buscar directamente a comunicadores que, según ellos, “golpean” a su esposa en medios y redes.
El primer acercamiento, dicen, suele ser cordial.
Invitaciones a dialogar. Llamados a “bajarle”. Peticiones para “equilibrar” las notas. Conversaciones disfrazadas de buena voluntad política.
Después viene la propuesta.
Tres mil pesos mensuales. Una cantidad insultantemente pequeña para intentar comprar líneas editoriales completas, pero suficientemente simbólica para dejar claro el mensaje: quieren control narrativo.
Y cuando algunos periodistas responden algo elemental —“sólo hacemos nuestro trabajo”— la conversación cambia de tono.
Ahí es donde empiezan las frases que ya no parecen política, sino advertencia.
“Bájenle de yemas”.
“O les va a cargar el payaso”.
Lo más delicado, cuentan algunos colegas, es que el mensaje no termina ahí. Si el periodista no entiende “la invitación”, entonces aparecen terceros. Conocidos. Amigos en común. Operadores. Personas que repiten la advertencia por otras vías para dejar claro que el mensaje iba en serio.
Y entonces el asunto deja de ser chisme político.
Porque cuando un periodista empieza a sentir que publicar puede tener consecuencias personales, ya no estamos hablando de libertad de expresión. Estamos hablando de intimidación.
Ése es el punto donde una democracia comienza a pudrirse desde abajo.
Lo más preocupante quizá no es siquiera la amenaza. Lo verdaderamente alarmante es la normalización. La idea de que algunos actores políticos empiezan a creer que cuestionarlos constituye una agresión y que, por tanto, tienen derecho a “corregir” periodistas.
Como si la crítica fuera delito.
Como si el poder otorgara derecho de censura.
Como si el periodismo tuviera permiso de existir sólo mientras resulte cómodo.
Y aquí aparece otro ingrediente explosivo: el color guinda.
Porque el movimiento que llegó prometiendo libertades, transformación y cercanía con el pueblo empieza a reproducir —en lo local— exactamente los mismos mecanismos de presión que antes denunciaba desde la oposición.
La historia de siempre, sólo con distinto logotipo.
Por eso el tema merece atención inmediata por parte del gobierno, porque cuando los procesos adelantados de sucesión comienzan a contaminarse con intimidaciones, el riesgo ya no es electoral: es de gobernabilidad.
Y porque Tehuacán, una ciudad históricamente intensa en lo político, podría convertirse en un laboratorio peligroso donde las disputas internas escalen más allá de los discursos.
La pregunta es sencilla:
¿De verdad alguien cree que callando periodistas se construye legitimidad?
Porque si la contienda interna ya empezó con amenazas, lo preocupante no es cómo va la campaña.
Y lo todavía más preocupante es cómo puede terminar.
