Acción Nacional en Puebla tiene un gran dilema en las manos, un acertijo que le complica las cosas a su actual dirigente, Mario Riestra Piña, quien se juega una buena parte de su futuro en la próxima elección.
Sabemos que, por los criterios de transversalidad en la paridad de género, los bloques de competitividad que integrará el Instituto Electoral del Estado, al panismo casi obligatoriamente le va a tocar tener que siglar a una mujer para contender por la capital del estado, la joya de la corona, la ciudad de Puebla.
Y es precisamente en este punto en donde se comienzan a complicar las cosas, porque el personaje mejor posicionado y más competitivo, aunque muchos no me van a querer creer, es un hombre que responde al nombre de: Eduardo Rivera Pérez.
Sí, ya sé que muchos me van a alegar que porque siempre Rivera, quien en los últimos 16 años ha sido 4 veces candidato, tres a la presidencia municipal y una a la gubernatura del estado, pareciera que la gente está cansada del hombre que nació en Toluca, pero tiene más de 40 años de estar avecindado en la ciudad de Puebla.
Dos encuestas que vi recientemente le dan la ventaja a Eduardo, por encima de cualquier otro personaje hombre o mujer de Acción Nacional. 60 por ciento de conocimiento y 40 por ciento de negativos, pero ojo, su principal virtud o atributo es que la gente lo ve como buena persona y un hombre honrado, mientras que su mayor negativo es que las personas consultadas dicen que en su más reciente administración no trabajó, pero no mencionan que haya robado o muy pocas lo señalan, es visto como alguien honrado.
Difícilmente Eduardo Rivera será candidato de Acción Nacional por cuarta vez a la alcaldía de Puebla, pese a ser el personaje más competitivo y aquí viene la gran interrogante, ¿entonces quién?
Si, como lo ha dicho la dirigencia nacional del PAN, las encuestas serán las que manden, entonces la designación, como ya se ha señalado en varias ocasiones, debería ser para Blanca del Socorro Alcalá Ruiz, quien tiene los mejores números en cuanto a conocimiento, no así en el tema de la intención de voto, pues sus negativos originados durante su campaña del 2016 al gobierno de Puebla aún la acompañan.
Blanca tiene un alto conocimiento de más del 50 por ciento, pese a que su gestión al frente de Puebla capital ocurrió hace casi 20 años; no obstante, aún es recordada por la gente y su nombre sigue vigente, como una carta también hay que señalarla asociada a su ex partido, el PRI, algo lógico si se toma en cuenta que recientemente, a inicios de este año, se sumó al panismo.
Después de Blanca Alcalá, la segunda mujer mejor posicionada en el municipio de Puebla, es la diputada local del albiazul, Susana Riestra Piña, hermana del actual líder estatal del albiazul, y aquí también es donde las cosas se ponen interesantes para Mario.
El gran dilema de Riestra es ¿cerrarle las puertas a su hermana por ser su hermana o abrirle el paso pese a todas las críticas que esto conlleve? Uff…
Susana es la segunda mujer mejor posicionada por parte del PAN con un conocimiento en Puebla capital de entre 22 y hasta un 25 por ciento, bajo pero no preocupante, porque su intención de voto es muy alta entre la poca gente que dice conocerla o haber oído hablar de ella y sus negativos también son muy bajos, algo que puede ser ideal al momento de enarbolar una candidatura.
El tercer personaje mejor posicionado en el PAN luego de Susana es la actual diputada federal y secretaria general del albiazul, Genoveva Huerta Villegas, quien apenas tiene un 16 por ciento de conocimiento, aunque podría crecer, luego del número de enamorados que le han salido por todo Puebla y que pintan bardas con su nombre.
La exjefa Geno no es la mejor carta, pero pareciera ser la única para el PAN, en caso de que Blanca o Susana no quieran o no puedan ir a la contienda del 2027. Así las cosas.
La cloaca del CAPCEE en Puebla. Hace tiempo hablé de los excesos cometidos en el CAPCEE, organismo que se encarga de la construcción de los espacios educativos en la entidad, durante la administración de Mario Alberto Cruz, quien también tuvo un paso bastante oscuro como presidente municipal de Zacatlán, cuando era como muchos priistas.
También al inicio de su administración, el gobernador Alejandro Armenta ordenó una auditoría para supervisar las cuentas de este organismo, sobre el cual pesaba la sospecha de corrupción.
Hoy estoy en opción de informarles que la ASE encontró un daño patrimonial en este organismo durante la gestión de Mario Alberto Cruz, por un millón de pesos en 2024.
En total, a la cuenta pública del 2024 de Mario Alberto Cruz, se le realizaron 17 observaciones, 4 aclaradas, 7 recomendaciones,
2 solicitudes de aclaración, un pliego de observaciones y 3 promociones de responsabilidad administrativa.
Entre lo detectado al exfuncionario destaca, una diferencia por 480 mil 237 pesos derivada de la venta de 14 vehículos que no fueron registrados (Recomendación).
Notas a los estados financieros, pues no se cumplió con lo que establece el Consejo Nacional de Armonización Contable (Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionadora).
También se identificaron 34 cuentas, de las cuales fueron canceladas 21, pero no hubo documentación que lo acreditara.
A destacar dentro del informe de la ASE el tema de los Servicios Generales en donde el importe observado asciende a un millón 265 mil 455 pesos, por lo que se solicita a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Puebla, o su equivalente, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las probables irregularidades de las personas servidoras públicas que, en su gestión, adjudicaron 10 contratos que suman la cantidad antes referida, por concepto de servicios profesionales.
Adicionalmente, el informe concluye “se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Estatal y/o al patrimonio del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE) por un monto de un millón 036 mil 604.71 (un millón treinta y seis mil seiscientos cuatro pesos 71/100 M.N.), por la falta de documentación comprobatoria y justificativa.
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