Alejandro Guillén Reyes
El pasado fin de semana, en las cuentas de X del gobierno del estado de Puebla y de Alejandro Armenta Mier, se difundió un comunicado en el que el gobernador niega haber recibido notificación alguna sobre la revocación de su visa estadounidense.
El texto no aclara quién afirmó públicamente que el mandatario había recibido dicha notificación. Lo que sí se sabe es que Simón Levy, quien fuera subsecretario de Planeación Turística en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y hoy opositor a la 4T, escribió en su cuenta de X que al gobernador de Puebla «le han quitado la visa», un asunto muy distinto a si el gobierno de los Estados Unidos le notificó o no formalmente la medida.
Además de omitir si la visa fue cancelada o no, el comunicado oficial asegura que este tema no afecta el trabajo que el gobierno de Puebla realiza en favor de la comunidad migrante y sus familias.
Ojalá un asunto no tuviera relación con el otro; sin embargo, en la realidad, ambas variables están vinculadas:
En primer lugar, la cancelación de la visa se da en un contexto en el que el gobierno de los Estados Unidos utiliza esta medida para estigmatizar a políticos mexicanos (gobernadores, presidentes municipales y funcionarios públicos) señalados de formar parte de redes de protección o de mantener nexos con el crimen organizado dedicado al contrabando de combustible y a la producción y distribución de drogas sintéticas, en particular fentanilo. Esta estigmatización debilita la legitimidad institucional y, con ello, la capacidad de interlocución con sus contrapartes estadounidenses para defender los derechos de los migrantes.
En segundo lugar, dicho señalamiento genera efectos políticos negativos en la relación de un gobernador con actores clave del sistema político mexicano. El ejemplo más claro es el del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuya fragilidad política lo llevó a solicitar licencia por tiempo indefinido al perder el respaldo tanto del gobierno federal como de su propio partido, en su intento por regresar a ejercer el cargo de gobernador. En una situación similar se encuentran otros gobernadores, como Américo Villarreal (Tamaulipas), Marina del Pilar Ávila (Baja California) o Alfonso Durazo (Sonora), cuya legitimidad se ha visto mermada ante el solo rumor del retiro de sus visados, un factor suficiente para quedar estigmatizados. En todas estas entidades predomina una profunda incertidumbre sobre el futuro de sus administraciones.
Esta estigmatización no solo puede impactar la labor del gobierno de Puebla con los migrantes y sus familias, sino también puede repercutir en la coordinación con el gobierno federal —especialmente con el gabinete de seguridad, cuya estrategia se ha implementado en la entidad en semanas recientes— y en la relación con sectores económicos y sociales locales, justo en un momento en que la industria automotriz, uno de los principales motores económicos del estado, atraviesa una crisis. ¿Quién concreta acuerdos comerciales de gran calado con un gobierno cuyo prestigio queda en entredicho ante la sola versión de que a su titular le cancelaron la visa estadounidense?
Por si fuera poco, este escenario se presenta justo al inicio formal del proceso electoral de 2027, etapa en la que el partido del gobernador definirá las candidaturas a las presidencias municipales y a las diputaciones federales y locales. Por supuesto, los adversarios del gobernador dentro y fuera de su partido pueden utilizar el tema de la cancelación de la visa en su contra,antes y durante la campaña previa al día de la elección.
Si el gobierno del estado de Puebla no demuestra públicamente y a la brevedad que la visa estadounidense del gobernador Armenta sigue vigente, dará comienzo un proceso de estigmatización con consecuencias negativas tanto para la administración estatal como para los habitantes de la entidad.
Ya van contra reloj…
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