Alejandro Guillén Reyes
Hace exactamente nueve años, el 27 de septiembre de 2017, llevamos a cabo un foro sobre seguridad pública en Puebla. Un pequeño grupo de personas provenientes de la academia y la sociedad civil, conformamos una Red Ciudadana con el fin de realizar un diagnóstico preliminar y plantear rutas que nos permitieran enfrentar, como sociedad, la inseguridad que había estallado de forma alarmante en la entidad. Fue también una manera de alzar la voz frente a un gobierno cuya obligación primera debe ser garantizar la seguridad pública de la población y que, en aquel momento, se encontraba rebasado por los crímenes de alto impacto que sacudieron a la opinión pública, particularmente aquellos que cobraron la vida de jóvenes estudiantes.
Nos dimos entonces a la tarea de invitar a expertos de las universidades y de la sociedad civil que analizaban el problema desde diferentes enfoques. Fue así como conocimos a Rubén Alberto Curiel Tejeda, quien en ese entonces era catedrático de la Universidad Iberoamericana Puebla. Alberto no solo contaba con el grado de doctor en Derecho, sino que ya era un reconocido académico enfocado principalmente en el derecho penal, la seguridad y la defensa de los derechos humanos.
Desde que le extendimos la invitación, Alberto manifestó de inmediato su disponibilidad para participar, no solo como ponente, sino también como colaborador en los trabajos previos, aportando generosamente su tiempo y conocimientos para definir el programa y precisar algunos de los temas; inclusofue uno de los vocales en la conferencia de prensa que ofreció la Red, previa a la realización del foro.
En la mesa en la que participó, propuso el concepto de seguridad ciudadana, el cual tiene como base la defensa de los derechos humanos. Para ese año —2017—, la noción de seguridad ciudadana comenzaba a desarrollarse en otras latitudes, e invitó a explorar su contenido como una alternativa para ir resolviendo la crisis de seguridad pública que vivíamos y que, lamentablemente, seguimos viviendo en Puebla y en México en general.
Desde entonces entablamos con él una relación tanto profesional como de amistad. Si algo tuvimos en común, fue la decisión de dar el salto de las aulas y la investigación universitaria a la actividad política: él como servidor público y, quien esto escribe, desde la participación ciudadana. Por invitación de la directora de Meganoticias Puebla, Lydia Cumming, llegamos a compartir micrófono en dos o tres ocasiones en el programa de televisión A Fondo.
Ambos coincidimos en el Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, aunque en tiempos diferentes: cuando él fue nombrado director de Vinculación de la Comisión de Búsqueda del Estado de Puebla, yo estaba terminando mi gestión como presidente del Sistema; de hecho, Alberto fue uno de los invitados a nuestro informe.
La última vez que nos vimos de manera presencial fue el 18 de noviembre de 2025, día en el que acudí a su oficina para felicitarlo por su nombramiento como fiscal anticorrupción del Estado de Puebla. Ahí, Alberto me expresó en forma sencilla y profunda su misión y voluntad de hacer que la fiscalía y el sistema entregaran buenos resultados a la ciudadanía en el combate a la corrupción.
Es esa imagen de Alberto Curiel la que nos interesa destacar: la del servidor público con una sólida preparación académica, su forma pedagógica de comunicar lo que pensaba y, sobre todo, un profundo sentido ético del alcance y deber de quien ingresa a trabajar en las instituciones del Estado, donde los derechos humanos y la dignidad de las personas no son negociables.
Ese sentido de la ética pública que caracterizaba al doctor Curiel, lamentablemente, no es el rasgo que distingue hoy a buena parte de la clase política. Muestra de ello fue la forma en que manejaron la información los responsables de investigar la(s) causa (s) de su muerte: no solo exhibieron su falta de rigor para llevar a cabo una investigación estrictamente judicial, sino que filtraron información para que una sola versión de los hechos se impusiera en la percepción pública lo antes posible, cuando sabemos que la obligación de toda fiscalía profesional y comprometida con la verdad y la justicia es investigar yagotar todas las hipótesis posibles antes de hacer pública una conclusión, y el no haberlo hecho así fue lo que generó las especulaciones. La pregunta es ¿por quélo hicieron de esa manera?
En fin… Puebla ha perdido a un servidor público ejemplar y a un hombre de bien.
Descansa en paz, estimado amigo Alberto Curiel.
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