Para defender al gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y acusar a la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos de “traición a la patria” y violar la ley, el gobierno mexicano ha recurrido al discurso de la “defensa de la soberanía nacional”. “No permitiremos la injerencia de un gobierno extranjero en los asuntos que solo competen al pueblo de México”, han dicho, al mismo tiempo que hacen alusión al respeto y aplicación de las leyes mexicanas, pero lo hacen en forma selectiva y facciosa, violentando con ello el verdadero Estado de Derecho.
Está bien invocar la Constitución, el Código Penal Federal y la Ley de Seguridad Nacional para acusar a quienes, según ellos, andan “traicionando a la patria”. Sin embargo, omiten decir que la Ley de Seguridad Nacional autoriza que Agentes Extranjeros pueden estar en territorio nacional (cito textual) “para fines de intercambio de información, en el marco de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la Seguridad Nacional” (hasta aquí la cita). “Hay intercambio de información con las agencias estadounidenses”, ha reconocido su propio secretario de Seguridad Omar García Harfuch.
Por otra parte, soberanamente, México firmó con el gobierno de los Estados Unidos un tratado de extradición con el fin de “cooperar más estrechamente en la lucha contra la delincuencia”. Al solicitar la detención de Rocha Moya y compañía, lo que está haciendo el gobierno estadounidense es hacer valer ese tratado que México ratificó y que de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución mexicana, todos los tratados internacionales también son “Ley Suprema” en nuestro país.
El problema para el gobierno de México es que ya no se trata solo de capturar a “chapos”, “mayos” o “menchos”, sino que también se le exige llevar a juicio a los políticos que se han coludido con los criminalesque producen drogas sintéticas (entre ellas el fentanilo) y que es el objetivo a atacar por parte del gobierno estadounidense. Sin embargo, la presidenta y su partido parecen estar dispuestos a defender a Rocha Moya y compañía. Está claro, Rocha Moya y personajes similares son compañeros de viaje que apoyaron a Sheinbaum y a otros más de MORENA a alcanzar posiciones de poder.
“Pruebas”, le piden al gobierno de Estados Unidos y a quienes la cuestionan aquí en México. Pruebas que, desde las elecciones federales de 2021, no han querido ver y mucho menos investigar, porque eso les hubiera impedido ganar gubernaturas, alcaldías y, tal vez la propia presidencia de la República.
Entre más se tarde el gobierno de Claudia Sheinbaum en entregar o extraditar a sus compañeros de partido acusados de haber conspirado con grupos considerados “terroristas” por parte del gobierno de los Estados Unidos, más probabilidades habrá de que “agentes extranjeros” operen en tierra mexicana sin permiso y violando la ley, poniendo en riesgo, ahora sí, la ya muy vapuleada soberanía nacional.
