En el marco de la Segunda Reunión Nacional de Beneficencias Públicas e Instituciones Homólogas 2026, el director general de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública Nacional, Alfredo Cordero Esquivel, anunció que por cada solicitud de apoyo presentada por las entidades participantes se otorgarán tres ayudas funcionales.
Esta medida permitirá ampliar el acceso a apoyos como sillas de ruedas, lentes, auxiliares auditivos, bastones, andaderas y prótesis para personas en situación prioritaria, mediante el trabajo coordinado con organismos como el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif).
Cordero Esquivel destacó que, durante el último año, estos programas han beneficiado a más de 44 mil 600 personas en todo el país.
“Ustedes saben que el 70 por ciento de nuestras y nuestros beneficiarios son personas adultas mayores que necesitan más de un apoyo. Se les brindarán tres, pero son ilimitados porque es su derecho”, dijo.
Asimismo, reconoció a la presidenta del Patronato del Sedif, Cecilia Arellano, y al gobernador Alejandro Armenta por impulsar espacios de colaboración orientados a fortalecer la asistencia social.
El encuentro reunió en Puebla a representantes de 28 entidades federativas, quienes intercambiaron experiencias, fortalecieron mecanismos de coordinación y compartieron estrategias para ampliar la cobertura de apoyos dirigidos a personas con discapacidad.
Durante la reunión también se analizaron acciones para simplificar los procesos y formatos de solicitud, con el objetivo de facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios de la Beneficencia Pública y brindar una atención más eficiente y cercana.
Por su parte, el director general del Sedif, Juan Carlos Valdez Zayas, destacó la importancia de trabajar con sensibilidad y cercanía hacia los sectores más vulnerables.
“Servir al pueblo es el mayor privilegio que podemos tener y esa convicción nos inspira a trabajar con sensibilidad y cercanía”.
Las conclusiones y acuerdos alcanzados durante esta reunión contribuirán a fortalecer las acciones de beneficencia pública en el país, en línea con las políticas de inclusión, bienestar y justicia social promovidas por el Gobierno de México.
