Agradecemos a este medio informativo el espacio que nos brindan para dar a conocer a la sociedad y a los medios las graves irregularidades en el asunto legal por el que atraviesa nuestra familia. Este caso se ha vuelto mediático principalmente por las manipulaciones de la información y de las autoridades que han realizado, de forma mañosa, la señora Ana Karen y sus abogados para ponernos en su contra.
Nuestros nombres son Héctor Larios y Patricia Rojas, padres de Erick Larios, quien se encuentra actualmente recluido en la penitenciaría de San Pedro Cholula y que el próximo 1 de septiembre cumple 3 años y 2 meses privado de su libertad. Agradecemos a este noticiero por dar seguimiento a nuestro caso y visibilizar las injusticias que hemos sufrido.
En este momento nos encontramos bajo la medida de prisión domiciliaria.
El 22 de noviembre de 2022, Ana Karen realizó un montaje en un conjunto habitacional de San Pedro Cholula donde mi hijo tenía una propiedad. Se presentó acompañada de su madre, abogados y familiares de Veracruz, quienes ya estaban preparados estratégicamente para forzar la aplicación de los protocolos de protección a la mujer —los cuales se activan ante un mero señalamiento, dejando en total indefensión al género masculino—.
Todo derivó de una denuncia falsa. En su declaración, Ana Karen afirmó que Erick la sacó de la vivienda a golpes y que ni ella ni su madre pudieron volver a entrar; sin embargo, resulta contradictorio que contaran de inmediato con toda una carpeta de documentos para ejecutar su estrategia. ¿Cómo tenían esos papeles si supuestamente fueron despojadas de sus pertenencias?
Ella, de manera mañosa, pretende demostrar que habitó con mi hijo durante 5 años consecutivos en San Pedro Cholula para exigir millones de pesos, lo cual es totalmente falso. Para probarlo, exhibimos su identificación, constancia de situación fiscal y contrato bancario que acreditan su verdadero domicilio.
Esta es solo una de las múltiples inconsistencias que obran en el expediente. Además, en sus declaraciones ante las autoridades cambia continuamente las circunstancias, horas y lugares. Denunció haber sido golpeada, pero no existe dictamen del médico legista que lo respalde porque nunca acudió a la revisión; argumentó que «no le dio tiempo» y que cuando quiso ir ya no tenía marcas, todo supuestamente ocurrido en un lapso de solo 8 horas. Queremos evidenciar que las fotografías que ha exhibido en medios donde aparece supuestamente golpeada NO existen en la carpeta de investigación.
Ana Karen sabía que Erick vivía en el estado de Tlaxcala con mis nietas y su pareja de ese momento —con quien mantiene una constancia de concubinato desde 2021 expedida en Tlaxcala—. Aprovechando su ausencia, intentó que le restituyeran la vivienda mediante los protocolos de protección, alegando violencia familiar y despojo de las niñas. Sin embargo, al ser interrogada por los policías, estos notaron que no presentaba golpes ni había personas dentro del inmueble. Al pedirle que abriera con las llaves que decía tener, no lo logró. Los oficiales se negaron a activar los protocolos por falta de elementos y solicitaron la presencia del juez familiar, el cual también se percató que no había signos de violencia ni de algún otro factor que argumentaba la supuesta víctima
Al fracasar en ese intento, se trasladaron al Ministerio Público de San Pedro Cholula para denunciar a mi hijo por violencia familiar y sustracción de menores. Sus abogados, Víctor León y Lidia Montserrat, comenzaron a ejercer tráfico de influencias (siendo el primero exagente ministerial y abogado electoral con nexos con diversos funcionarios de Puebla). Recibieron un primer apoyo de María de los Ángeles Muñoz Cortés, jueza oral familiar de San Pedro Cholula, quien incurrió en abuso de poder al otorgar a Ana Karen una guarda y custodia temporal sin acreditar residencia en el municipio ni tener a las niñas bajo su cuidado. Asimismo, ordenó de forma ilegal la publicación de fichas de Alerta Amber y más de 30 cateos sin orden en domicilios de familiares, conocidos y vecinos ajenos al proceso.
Siempre mantuvimos informadas a las autoridades mediante escritos y actos jurídicos, demostrando que Erick y las niñas radican en Tlaxcala bajo una guarda y custodia legal otorgada por un juez familiar, la cual sigue vigente. La jueza ignoró sistemáticamente las pruebas y recursos presentados.
En julio de 2023, mediante tráfico de influencias —reconocido públicamente por el propio abogado Víctor León en entrevistas—, ejecutaron la orden de aprehensión contra Erick.
En este contubernio participó la jueza Karla Patricia Ambrocio Vargas, quien es una juez que ha estado involucrada en varios asuntos de corrupción y mala praxis en el sistema jurídico de Puebla, juez que, con cualquier argumento sin lógica desacreditó todas las pruebas ofrecidas por la defensa de Erick Larios
El servidor público responsable de estas omisiones ya fue denunciado, pero extrañamente las denuncias no avanzan.
Tras la detención de mi hijo, mi esposa y yo nos quedamos a cargo de nuestras nietas. Promovimos su guarda y custodia ante el Juez Familiar de Tlaxcala, la cual nos fue concedida. Se ordenó citar a la madre, quien al saber que las niñas vivían con nosotros en Tlaxcala promovió un amparo en Apizaco. El juez federal le negó la suspensión definitiva y ratificó nuestro derecho a mantener la guarda y custodia, medida que continúa vigente.
No obstante, la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas integró una carpeta en nuestra contra. Presentamos 5 escritos solicitando fecha para presentar a las niñas, verificar su estado de salud, rendir declaración y exhibir la guarda y custodia junto con las pruebas de residencia en Tlaxcala. La autoridad ocultó dicha información y giró órdenes de aprehensión en mi contra y de mi esposa.
Estuvimos injustamente encarcelados casi 2 años, soportando situaciones terribles, pero seguimos luchando por el bienestar de nuestras nietas. La madre solo ha utilizado a las niñas como moneda de cambio: estando tres integrantes de la familia en prisión, sus abogados comenzaron a amenazarnos y a exigir de 3 a 5 millones de pesos en efectivo, una propiedad, una pensión alimenticia de 45 mil pesos, custodia total, un vehículo y terapia psicológica para la madre y la abuela. Al no ceder a sus pretensiones, fabricaron otra carpeta de investigación e aprehendieron con mentiras a otro familiar.
En octubre del año pasado debíamos haber obtenido la libertad por cambio de medida cautelar, pero en cuestión de horas reactivaron la carpeta por presunta desaparición forzada entre particulares (la misma en la que ocultaron nuestros escritos y pruebas). Nos reimpusieron la medida cautelar y libraron órdenes de aprehensión contra todos mis hijos y sus parejas, incluido Erick, pretendiendo juzgarnos dos veces por los mismos hechos. Lo más indignante es que las menores ya se encuentran con su madre, pues Erick accedió de buena fe para poner fin a este tormento; sin embargo, este 28 de agosto pretenden vincularlo nuevamente por esa carpeta falsa, mientras el resto de mi familia continúa bajo amenaza de detención.
Denunciamos públicamente el tráfico de influencias y el abuso de poder ejercido por la firma jurídica «León y Castillo», cuyos integrantes alardean de sus conexiones con autoridades pasadas y presentes.
Nos preocupa profundamente la situación de mis nietas. Se está vulnerando el interés superior de las menores, al grado de ser entregadas a una persona a quien ni siquiera reconocían por no haber sido una madre presente. Ellas se fueron sufriendo y anhelan regresar con su padre y con nosotros.
Hacemos un respetuoso pero firme llamado a las autoridades, en especial al Gobernador Alejandro Armenta, para que revise nuestro caso y se nos garantice un proceso justo, transparente y libre de corrupción. Nuestra familia se mantiene de pie por el amor a nuestras niñas, quienes han sido tratadas como objetos y no como seres humanos.
Exigimos justicia y que se investigue a los servidores públicos que han sido cómplices de estas atrocidades. Hacemos público que estamos recibiendo amenazas anónimas, por lo que responsabilizamos directamente a Ana Karen y a sus abogados de cualquier atentado contra la integridad física o la vida de cualquier integrante de nuestra familia.
Les pedimos su apoyo para difundir la verdad. Muchas gracias.
