Congreso de Puebla acatará fallo de la Corte y alista nueva figura legal contra el ciberacoso

Jorge Barrientos

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez, aseguró que el Poder Legislativo acatará la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidó el delito de ciberasedio, y adelantó que Morena impulsará una nueva figura jurídica para proteger a las víctimas de acoso digital.

A través de sus redes sociales, el también coordinador de la bancada de Morena manifestó su respeto por la resolución emitida por los ministros de la Corte, quienes determinaron la inconstitucionalidad del artículo 480 del Código Penal del Estado de Puebla por carecer de precisión jurídica en la definición de las conductas sancionables.

En este sentido, informó que el grupo legislativo de Morena presentará ante el Congreso local la abrogación formal de la denominada Ley de Ciberasedio, con el objetivo de cumplir plenamente con el mandato del máximo tribunal del país.

Sin embargo, sostuvo que la eliminación de esta figura penal no significa ignorar la problemática del acoso digital, por lo que anunció que impulsarán una nueva propuesta legal que atienda este fenómeno con mayor rigor técnico y apego a los criterios constitucionales.

“El acoso digital es real y quienes lo sufren, especialmente niñas, niños y adolescentes, merecen protección efectiva. La Corte no dijo que el problema no existe; señaló que el instrumento legal no fue suficientemente preciso”, expresó el legislador en un mensaje difundido en sus plataformas digitales.

Gaspar Ramírez afirmó que legislar correctamente es una responsabilidad permanente del Congreso, por lo que trabajarán en una iniciativa que permita sancionar de manera efectiva el ciberacoso sin afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión ni generar ambigüedad en la aplicación de la ley.

Con ello, el Congreso del Estado de Puebla abre una nueva ruta legislativa para atender el acoso digital, ahora con una propuesta que busque equilibrar la protección de las víctimas y el respeto al marco constitucional.

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