Monina: se acaba el poder y se derrumban los milagros

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A Olga Lucía Romero Garci-Crespo se le juntaron dos malas noticias: la salida de la dirigencia de Morena en Puebla y una sentencia federal que desarmó una de las acusaciones penales de su disputa por la herencia de Socorro Romero Sánchez. Perdió una posición política y recibió un recordatorio judicial: las relaciones no vuelven vigente una acción penal prescrita.

La resolución tiene un fundamento concreto: las fechas. Su lectura política resulta igualmente incómoda para Monina y para las autoridades que permitieron avanzar el procedimiento. Mientras ella disponía de una oficina partidista y presumía cercanía con el poder, una acusación presentada fuera de tiempo consiguió recorrer los tribunales poblanos.

Tuvo que llegar a la justicia federal para encontrar el límite.

Monina no construyó sola su posición. Su ascenso estuvo ligado al grupo del fallecido gobernador Miguel Barbosa Huerta, cuyo respaldo le abrió espacios y le dio un peso político que después ejerció desde Morena. El problema aparece cuando los funcionarios confunden esa cercanía con una obligación de atender los intereses particulares de quien la presume.

El poder prestado suele producir esa confusión: quien lo recibe termina creyendo que le pertenece; quienes lo rodean actúan como si nunca fuera a terminar.

Ahora, el expediente obliga a revisar qué ocurrió en las instituciones mientras aquella influencia parecía suficiente para abrir cualquier puerta.

En el Consejo de la Judicatura aparece Pedro Antonio Martínez Hernández, el llamado «niño genio». Bajo su gestión se realizaron cambios de adscripción de jueces en Tehuacán, donde se tramitaban procedimientos de la familia Celis. La explicación institucional fue fortalecer el servicio. Los señalamientos de presiones y movimientos relacionados con resoluciones incómodas dejaron esa versión bajo cuestionamiento.

También aparecen José Guillermo Valdez Luna, quien ocupó la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución, y Marisol Mora Pérez, identificada como administradora judicial en Tehuacán. Ambos han sido mencionados en señalamientos sobre presuntas comunicaciones e interferencias administrativas en decisiones jurisdiccionales. Alrededor de esa estructura se han referido, además, posibles contraprestaciones económicas y ofrecimientos de beneficios políticos.

Los administradores tienen atribuciones para organizar audiencias. Repartir instrucciones sobre cómo resolver sería otra cosa: convertir la administración judicial en un mecanismo de presión.

Pero donde el cuestionamiento adquiere mayor precisión es en la Fiscalía.

El 11 de noviembre de 2026, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal de Puebla resolvió los amparos 515/2026 y 516/2026 acumulados. Determinó que la acción penal por fraude genérico estaba prescrita respecto de Miguel Ángel Celis Romero.

Los hechos estaban relacionados con un testamento de diciembre de 2009. La sentencia identificó antecedentes de conocimiento de Olga desde 2013 y su aceptación del cargo de albacea en julio de 2016. La querella, sin embargo, llegó hasta septiembre de 2025.

La Fiscalía pretendió sostener que el supuesto fraude se había prolongado hasta abril de ese año. El juez federal rechazó esa interpretación y ordenó dejar sin efecto la vinculación de Miguel Ángel, reconocer la prescripción y dictar la no vinculación a proceso.

Los antecedentes necesarios para advertir el problema estaban en la propia investigación. No faltaba información: estaba pendiente hacerla valer.

La Fiscalía encabezada por Idamis Pastor impulsó el caso. La justicia local permitió que avanzara. El calendario tuvo que revisarse en un juzgado federal.

Entre tanto, Estela Romero Bringas pagó un costo que ninguna corrección procesal puede devolverle.

Tenía 85 años cuando fue detenida en abril de 2026 dentro de la misma causa penal. Utilizaba silla de ruedas y necesitaba oxígeno. Su familia denunció que las condiciones del operativo y del traslado afectaron gravemente su salud.

Murió el 26 de septiembre. Su amparo terminó sobreseído por el fallecimiento, sin una resolución de fondo. La prescripción reconocida posteriormente respecto de Miguel Ángel dejó todavía más expuestas las preguntas sobre el procedimiento y las condiciones en que Estela fue detenida.

La salida de Monina de la dirigencia no explica el fundamento de la sentencia. Se vuelve inevitable revisar el trato que recibió su disputa cuando conservaba aquella posición. Los funcionarios que intervinieron siguen obligados a responder, con independencia de quién ocupe ahora la oficina de Morena.

Pedro Antonio tiene pendientes las explicaciones sobre la administración judicial. Los funcionarios señalados, las relativas a sus intervenciones. Idamis Pastor, las de una acusación que avanzó pese a los antecedentes que contenía.

La herencia continúa en disputa. La sentencia ya dejó constancia de un límite que las autoridades poblanas no hicieron valer a tiempo.

A Monina se le acabó el cargo. A las instituciones poblanas se les están acabando las excusas.

riva_leo@hotmail.com

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