Jaime Torreblanca Flores
El secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, informó que el Ayuntamiento de San Andrés Cholula mantiene a 152 elementos de seguridad pública que aún no cumplen con los procesos de certificación y regularización establecidos por el Sistema Nacional y el Consejo Estatal de Seguridad Pública, por lo que exhortó a la administración municipal a solventar estas observaciones a la brevedad.
El funcionario señaló que la profesionalización y certificación de los cuerpos policiacos constituye un requisito indispensable para garantizar que los elementos cuenten con la capacitación, evaluaciones de control y confianza, así como los protocolos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.
Aguilar Pala explicó que el gobierno estatal mantiene comunicación con los municipios para fortalecer sus corporaciones de seguridad y avanzar en la regularización de aquellos elementos que aún presentan rezagos en el cumplimiento de los lineamientos establecidos por las autoridades competentes.
Las declaraciones se dieron en el contexto de la polémica generada por la detención de una mujer ocurrida durante el fin de semana en San Andrés Cholula, hecho que derivó en señalamientos sobre un presunto uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la policía municipal.
Al respecto, el titular de la Secretaría de Gobernación indicó que serán la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) las instancias encargadas de esclarecer lo ocurrido y determinar si existieron irregularidades o posibles violaciones a los derechos humanos durante la intervención policial.
Precisó que ambas instituciones ya realizan las investigaciones correspondientes y serán sus resoluciones las que permitan establecer responsabilidades, en caso de acreditarse alguna conducta indebida por parte de los servidores públicos involucrados.
Cabe recordar que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla abrió expedientes de investigación relacionados con este caso para analizar el posible uso desproporcionado de la fuerza, la actuación de los elementos de seguridad y la eventual vulneración de derechos fundamentales de las personas involucradas.
Mientras tanto, el gobierno estatal reiteró el llamado a los municipios para fortalecer la capacitación, certificación y profesionalización de sus corporaciones policiacas, con el propósito de garantizar actuaciones apegadas a la ley, al respeto de los derechos humanos y a los protocolos vigentes en materia de seguridad pública.
