El Ayuntamiento de San Pedro Cholula inició una investigación administrativa para determinar la responsabilidad de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que fueron captados durante una intervención al interior de una propiedad particular, hechos ocurridos el pasado 5 de septiembre y difundidos posteriormente en redes sociales.
A través de un comunicado, el gobierno municipal informó que la presidenta Tonantzin Fernández instruyó a la Contraloría Municipal a abrir el procedimiento correspondiente para esclarecer la actuación de los servidores públicos involucrados.
La administración señaló que, en caso de que las investigaciones así lo determinen, podrán aplicarse medidas cautelares, incluida la suspensión de los elementos de la SSC señalados, mientras se deslindan responsabilidades.
El caso cobró relevancia luego de que comenzó a circular un video en distintas plataformas digitales, en el que se observa la intervención de personal de Seguridad Ciudadana dentro de un inmueble particular.
Además de la indagatoria administrativa, el Ayuntamiento anunció que brindará acompañamiento a las personas afectadas para que puedan acudir ante las autoridades ministeriales y presentar la denuncia correspondiente.
Con ello se busca que la autoridad competente determine si durante los hechos se incurrió en alguna conducta que pudiera constituir un delito, independientemente de las responsabilidades administrativas que pudieran desprenderse de la actuación de los policías municipales.
El gobierno de Tonantzin Fernández aseguró que no tolerará actos de corrupción ni conductas contrarias a la legalidad y sostuvo que, si se acredita alguna responsabilidad, se procederá conforme al marco jurídico y sin privilegios.
“En San Pedro Cholula nadie está por encima de la ley”, enfatizó la administración municipal al fijar una postura de cero tolerancia a la corrupción.
Por ahora, la Contraloría Municipal deberá realizar las diligencias necesarias para establecer las circunstancias en las que ocurrió la intervención, identificar plenamente a los servidores públicos participantes y determinar si su actuación se apegó a los protocolos y facultades legales correspondientes.
