Ocho mil 950 poblanos afectados por Sitma e Invergroup podrían comenzar a recuperar parte de los mil 275 millones de pesos que perdieron hace 17 años. El primer pago acordado asciende a 55.9 millones de pesos y se prevé que las entregas comiencen en 2026.
Este primer desembolso estaría respaldado por el avalúo de un terreno de 95 hectáreas ubicado en Calpan, cuyo valor fue fijado en 55 millones 911 mil pesos.
En rueda de prensa José Luis Pérez Bello, representante del Grupo de Afectados Zona Dorada, informó que el acuerdo se alcanzó mediante una mediación con el despacho jurídico de los hermanos Leonardo, Edmundo e Iris Tiro Moranchel. La documentación relacionada con el pago quedó registrada ante el Juzgado Cuarto de Distrito.
De acuerdo con las cifras proporcionadas por el representante, el daño económico atribuido a ambas empresas asciende a mil 275 millones de pesos. De ese monto, 950 millones corresponden a 6 mil 250 afectados por Sitma y 325 millones a otras 2 mil 700 víctimas de Invergroup.
En total, son 8 mil 950 personas involucradas en 52 procesos penales iniciados desde 2009, quienes durante casi dos décadas han buscado recuperar los recursos que invirtieron.
Pérez Bello aclaró que el mecanismo de restitución estará dirigido exclusivamente a los afectados de Puebla, por lo que no incluirá a víctimas de Tlaxcala, Tabasco, Querétaro, Estado de México ni de otras entidades.
Además del predio de Calpan, entre los bienes considerados para obtener recursos se encuentran terrenos en Atlixco, vehículos y una avioneta resguardada en un hangar de Huejotzingo.
Para acceder al posible reembolso, cada afectado deberá presentar su contrato y documentación oficial que permita acreditar la inversión y determinar el monto reconocido.
El representante convocó a los distintos grupos de afectados a reunirse el miércoles 14 de octubre, a las 10:00 horas, en el monumento a Juárez. Solicitó llevar listas de víctimas, cantidades reclamadas y números telefónicos, debido a las dificultades para localizar a algunos inversionistas.
El esquema planteado establece que el dinero se entregue directamente a cada afectado por la cantidad reconocida y que, una vez recibido el pago, firme el perdón correspondiente.
Aunque el acuerdo representa un avance para las víctimas, la recuperación de los recursos dependerá de la acreditación de cada expediente y de la ejecución del mecanismo previsto para concretar los pagos.
