Un análisis de Pulso Puebla, basado en cifras del INEGI, revela que el robo representó el 40.2% de los delitos registrados en 2025. La Fiscalía poblana también operó con un presupuesto por habitante 45.1% inferior al promedio nacional.
Cuatro de cada 10 delitos registrados en Puebla durante 2025 fueron robos, una proporción que supera ampliamente el promedio nacional, de acuerdo con un análisis de Pulso Puebla elaborado con información del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 2026 del INEGI.
El estudio revela que el robo, en sus distintas modalidades, concentró el 40.2% de los delitos registrados en la entidad, frente al 23.8% reportado a nivel nacional.
En total, Puebla contabilizó 32 mil 971 delitos de robo, principalmente de vehículos, a transeúntes y a negocios. Los delitos contra el patrimonio representaron el 55.4% de los registros de la Fiscalía General del Estado (FGE).
El informe también exhibe diferencias en los recursos destinados a la procuración de justicia. Durante 2025, la Fiscalía poblana ejerció un presupuesto de mil 750 millones de pesos, equivalente a 256 pesos por habitante, cifra 45.1% inferior al promedio nacional de 466.8 pesos.
La entidad registró 82 mil 122 carpetas de investigación, con lo que ocupó el sexto lugar nacional.
Sin embargo, únicamente el 24.8% de las carpetas abiertas contó con una persona imputada, frente al promedio nacional de 30.6%. El análisis aclara que este indicador no equivale a una tasa de esclarecimiento de delitos.
La disponibilidad de personal también mostró una brecha: Puebla contó con 52.1 servidores públicos dedicados a la procuración de justicia por cada 100 mil habitantes, mientras que el promedio nacional fue de 74.5.
En contraste, la entidad encabezó el país en número de oficinas de mecanismos alternativos de solución de controversias, con 86 instalaciones y 7 mil 269 expedientes iniciados durante 2025.
Ante estos resultados, Pulso Puebla planteó la necesidad de fortalecer la investigación de delitos patrimoniales, revisar la distribución de recursos y mejorar la atención a las víctimas.
