Alejandro Guillén Reyes
Las recientes elecciones en Brasil nos dejan varios puntos para reflexionar sobre lo que podría esperarse en México en los próximos procesos electorales.
Lo primero que hay que destacar es la confianza que las instituciones electorales brasileñas generan tanto en los votantes como en los contendientes, así como la rapidez con la que se dieron a conocer los resultados. A pesar de que la diferencia entre el primer y el segundo lugar fue de apenas casi dos puntos porcentuales, los candidatos aceptaron el resultado en términos generales y, por el momento, no se ve ningún conflicto poselectoral por culpa del árbitro.
Un segundo punto por comentar es que, gane quien gane la segunda vuelta -Luiz Inácio Lula da Silva o Flávio Bolsonaro-, ninguno tendrá la mayoría en el congreso. Por lo tanto, para sacar adelante sus iniciativas tendrán que negociar con legisladores de posiciones más moderadas que las de los dos principales contendientes. Es decir, el congreso es, y seguirá siendo, un contrapeso del poder ejecutivo, aunque proclive al partido de Bolsonaro.
En tercer lugar, Flávio Bolsonaro centró su campaña en combatir la inseguridad. Para los brasileños, la principal preocupación, por encima de la economía, es la violencia provocada por la criminalidad organizada. Un tema que no pasó desapercibido para quienes diseñaron la campaña del Partido Liberal.
En contraste en México, de cara a las elecciones de 2027 y, sobre todo, a las de 2030, ya hay serios cuestionamientos sobre la imparcialidad de las instituciones electorales, que han demostrado inclinarse en sus decisiones a favor del partido en el poder. La más grave de ellas fue haberle dado al partido gobernante y a sus aliados cerca del 73% de los lugares en la cámara de diputados, cuando en realidad solo obtuvieron el 54% de los votos; algo que ha sido considerado un fraude a la Constitución. Este reparto, sumado a la manera mafiosa en que consiguieron la mayoría calificada en el senado, les dio los votos necesarios para reformar la Constitución sin tener que negociar con nadie. La consecuencia más dañina de este desequilibrio de poderes ha sido la reforma judicial, que por sus resultados ya podemos calificar como un error histórico.
La falta de credibilidad en las instituciones electorales es potencialmente un generador de conflictos poselectorales.
Por otra parte, el principal problema que afecta a los mexicanos es la inseguridad. Los logros que hoy presume el llamado Gabinete de Seguridad dejan al descubierto que, durante seis años, el anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador, no solo abandonó a poblaciones enteras a merced de los criminales, sino que toleró que gobernadores, presidentes municipales y funcionarios públicos se aliaran con ellos para ganar elecciones. Ahí están los datos del propio Gabinete de Seguridad: la cantidad de presidentes municipales detenidos (“operación enjambre”) y de laboratorios de drogas sintéticas destruidos (cuando el anterior presidente decía que no existían). También están el caso de Sinaloa y su gobierno, las investigaciones periodísticas, los videos, los testimonios, los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del INEGI, etcétera.
Ya veremos en las elecciones de 2027 si la inseguridad se convierte en el punto débil del partido en el poder y de sus aliados, o si todavía les alcanza con la propaganda y los programas sociales para conservar la mayoría calificada en el congreso y, en 2030, retener la presidencia de la República.
Las lecciones de Brasil para México son claras: una elección cerrada se vive con certeza cuando el árbitro es creíble y los contendientes no alegan tramposamente “fraude electoral” (después de las elecciones de 2021, México ya no tiene un árbitro confiable y quienes hoy gobiernan siempre que pierden alegan “fraude electoral”); una república democrática funciona cuando los poderesinstitucionales actúan como contrapesos (México los perdió en 2024); y -una tercera lección- obtuvo más votos quien puso énfasis en el problema de la inseguridad provocada por la criminalidad organizada (asunto que en México dependerá de la participación ciudadana en las urnas).
Mientras tanto, a través del ejercicio del voto (con excepción de las dictaduras criminales de Cuba, Nicaragua y Venezuela), los electores en los países de América Latina siguen su tendencia de quitar del poder a los gobiernos llamados “de izquierda” “sin derramamiento de sangre”, característica esencial de las democracias, según el filósofo austriaco Karl Popper.
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