– La investigación anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum identifica operaciones por aproximadamente 2 mil 740.3 millones de pesos durante 27 años.
La revisión de contrataciones electorales por aproximadamente 2 mil 740.3 millones de pesos, presuntamente vinculadas con una red empresarial que habría operado durante 27 años, representa un asunto de interés nacional que requiere investigación, transparencia y rendición de cuentas, afirmó el coordinador general de Gabinete, José Luis García Parra. En este contexto, el gobernador Alejandro Armenta Mier ha manifestado su respaldo absoluto a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha instruido esclarecer los hechos y establecer condiciones de certeza para los comicios de 2027.
Al presentar los antecedentes de la investigación, García Parra explicó que la información expuesta por la secretaria federal de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, identifica al menos seis empresas relacionadas con una misma estructura de proveedores, cuyos integrantes habrían participado en procedimientos de contratación de organismos electorales. El funcionario destacó que uno de los aspectos más relevantes es la continuidad de estas operaciones a lo largo de distintas administraciones: los antecedentes se remontan a 1999, registran un escándalo contractual de 63.7 millones de pesos en el Estado de México en 2005 y muestran adjudicaciones por más de 2 mil 94 millones entre 2015 y 2023, además de poco más de 646 millones durante 2024 y 2025. También precisó que la designación de Guadalupe Taddei como consejera electoral de Sonora ocurrió en 2014, durante la presidencia de Lorenzo Córdova en el Instituto Nacional Electoral (INE), mientras que su llegada a la presidencia nacional del organismo, en 2023, se realizó mediante insaculación.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó recientemente que la revisión permitió identificar el desarrollo histórico de este grupo empresarial y sus relaciones con organismos electorales. Asimismo, confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera inició acciones para inmovilizar algunas cuentas, derivadas de denuncias de la Auditoría Superior de la Federación. García Parra señaló que la investigación debe alcanzar a todos los involucrados y esclarecer los mecanismos de contratación, sin anticipar responsabilidades ni vulnerar la autonomía del INE y de los organismos públicos locales electorales. En el caso de Puebla, informó que se identificaron contratos por 49.4 millones de pesos entre 2014 y 2023, y 129.7 millones en 2024 y 2025, por lo que el Gobierno Estatal respalda su revisión integral por parte de las autoridades fiscalizadoras.
Como parte de las medidas para fortalecer la certeza electoral, el Gobierno de México contempla mecanismos de supervisión ampliada, participación académica, revisión de procedimientos de contratación, incorporación de más proveedores nacionales y fortalecimiento de los Talleres Gráficos para producir materiales electorales con mayor participación del Estado mexicano.
El Gobierno de Puebla colaborará para que la elección del 6 de junio de 2027 se desarrolle con legalidad, confianza y respeto a la voluntad popular. A nivel estatal, la administración de Alejandro Armenta Mier mantiene una política de transparencia y combate a la corrupción que ha derivado en la separación de 315 personas del servicio público por irregularidades, y refrenda su compromiso de fortalecer la rendición de cuentas, proteger los recursos públicos y garantizar resultados en favor de las y los poblanos.
Por su parte, el secretario de Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio, destacó que en Puebla se fortalecen los mecanismos de control y transparencia mediante la digitalización de los trámites de registro de proveedores, lo que elimina el contacto directo y reduce posibles espacios de discrecionalidad o favoritismo. Explicó que este procedimiento permite verificar que las empresas participantes acrediten capacidad técnica, financiera y cumplimiento de los requisitos legales; además, los órganos internos de control acompañan permanentemente los procesos de licitación para vigilar su desarrollo y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Como resultado de las acciones de transparencia y buen gobierno, informó que 315 funcionarios han sido destituidos de la administración estatal.
Con estas medidas, la administración estatal de Alejandro Armenta Mier fortalece la rendición de cuentas, previene actos de corrupción y garantiza que los recursos públicos se ejerzan con legalidad y en beneficio de las y los poblanos.
