Jorge Barrientos
El diputado local Julio Miguel Huerta pidió a la Fiscalía General del Estado investigar a fondo los señalamientos relacionados con Guadalupe Lucero Bárcenas, exalcaldesa de Acatlán, luego de las declaraciones realizadas por el gobernador de Oaxaca sobre una presunta relación entre la exedil y un grupo criminal.
Huerta consideró que, por la gravedad de las acusaciones, las declaraciones del mandatario estatal deben ser tomadas como un elemento que amerita ser investigado por las autoridades correspondientes.
“Yo le recomendaría a la Fiscalía que investigara, porque para mí, desde mi particular punto de vista, ese señalamiento es un indicio”, declaró.
El legislador señaló que el señalamiento fue realizado por el titular del Poder Ejecutivo de un estado vecino, por lo que consideró necesario que la Fiscalía General del Estado determine si existen elementos que permitan acreditar o descartar las acusaciones.
Respecto a la situación registrada en Acatlán, Huerta indicó que tuvo conocimiento de señalamientos realizados por integrantes del Cabildo en contra de la entonces presidenta municipal. Precisó que dichas manifestaciones fueron hechas en distintas ocasiones, incluso públicamente ante medios de comunicación, aunque aseguró que en ese momento no se presentó sustento legal que acreditara las acusaciones.
“Lo manifestaron, no ofrecieron ningún sustento legal, pero sí lo manifestaron en varias ocasiones, incluso ante los medios de comunicación”, sostuvo.
El diputado agregó que tanto la exalcaldesa como los regidores realizaron imputaciones dentro del conflicto, por lo que consideró que corresponde a las autoridades realizar una investigación y determinar, conforme a las pruebas que se obtengan, si existe alguna responsabilidad.
Huerta calificó como “muy fuertes” los señalamientos relacionados con la exalcaldesa de Acatlán y reiteró su llamado a la Fiscalía para que analice el caso y llegue hasta el fondo de las acusaciones.
“Es un asunto delicado, es un señalamiento fuerte”, enfatizó el diputado, al señalar que será la investigación ministerial la que determine la existencia o no de responsabilidades.
