Reforma en materia de regulación de motocicletas es para fortalecer la seguridad pública y seguridad vial, destaca el diputado Elpidio Díaz

La reforma en materia de regulación de motocicletas tiene un objetivo muy claro: fortalecer la seguridad pública y la seguridad vial, proteger la vida de las personas y brindar mejores herramientas para combatir los delitos que, en muchos casos, se cometen utilizando estos vehículos, señaló el diputado Elpidio Díaz Escobar. 

El diputado presidente de la Comisión de Transportes y Movilidad del Congreso indicó que uno de los retos de las reformas es lograr una implementación gradual, ordenada y con sensibilidad, privilegiando la coordinación entre las instituciones y la ciudadanía, por ello, destacó la apertura del Gobierno del Estado y del Poder Legislativo para escuchar las inquietudes de las personas motociclistas. 

“A las y los motociclistas quiero decirles con toda claridad: nadie conoce mejor la realidad de la movilidad en motocicleta que quienes la viven todos los días. Por eso, sus opiniones, preocupaciones y propuestas son fundamentales para poder lograr una implementación que cumpla con su objetivo y genere confianza. Estoy convencido de que compartimos un mismo propósito; contar con una movilidad más segura, certeza jurídica y pleno respeto a los derechos de las personas”, indicó. 

En rueda de prensa, el legislador recordó que el próximo 21 de septiembre se llevará a cabo una mesa de trabajo sobre la situación jurídica y operativa de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, en la que quedó asentada la regulación sobre el uso de motocicletas. 

Por otra parte, informó sobre un punto de acuerdo que presentó en conjunto con la diputada Azucena Rosas Tapia para exhortar a las Secretarías de Infraestructura, de Movilidad y Transporte, y a la de Seguridad Pública, a emitir un nuevo acuerdo o a puntualizar en el vigente que todas las vías laterales de la “Autopista México-Puebla-Veracruz”, que se encuentren dentro de la entidad, pasen a formar parte de “las vialidades de atención de jurisdicción estatal”, y evitar con ello su “fragmentación administrativa y operativa”, unificando con ello criterios para su atención en materia de seguridad pública, vial, semaforización, atención y conservación de dichas vialidades.

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