Casi dos semanas después de la salida de Olga Romero, la pregunta más importante sigue siendo la menos cómoda: ¿Qué entregó?
Porque una cosa es dejar la presidencia de Morena Puebla y otra, muy distinta, entregar cuentas de lo que se hizo desde ella. Para despedirse alcanza con leer un discurso. Para cerrar una administración hacen falta documentos, inventarios, contratos y explicaciones.
La militancia merece conocerlos. También sus excompañeros, sus excolaboradores y, especialmente, los ciudadanos de Tehuacán a quienes pretende convencer de que merece una nueva responsabilidad.
Antes de pedir otro encargo, bien podría explicar cómo dejó el anterior.
Empecemos por lo elemental: Los vehículos.
¿Qué unidades estuvieron bajo su resguardo? ¿Quiénes tenían autorización para utilizarlas? ¿Dónde están ahora? ¿Se entregaron formalmente y en qué condiciones?
Ante los señalamientos sobre un supuesto uso de vehículos partidistas para actividades familiares o relacionadas con sus restaurantes en Puebla y Tehuacán, la respuesta tendría que ser documental: inventario, identificación de unidades, bitácoras, responsables y comprobantes de combustible.
Ver vehículos parecidos afuera de un negocio no acredita, por sí solo, una irregularidad. Precisamente por eso corresponde cotejar registros. Si el señalamiento es falso, los documentos permitirán desmentirlo; si existe una coincidencia real, habrá que explicar qué hacía ahí un bien del partido.
El patrimonio de Morena no debería tener horario de oficina por la mañana y servicio de restaurante por la tarde.
Después viene la nómina.
¿Cuántas personas contrató su administración? ¿Cuánto cobraban? ¿Qué funciones tenían? ¿Qué trabajo entregaron? ¿Cuáles siguen contratadas y bajo qué justificación?
Los señalamientos sobre familiares, amistades y personas cercanas a su círculo requieren algo más serio que el intercambio de versiones: nombres, contratos, perfiles y evidencia del trabajo realizado.
Porque una nómina se justifica con funciones y resultados. El parentesco, la amistad o la cercanía con una familia no sustituyen un expediente laboral.
También hace falta saber si Olga presentó al Comité Ejecutivo Nacional un informe de cierre de gestión. ¿Cuándo lo entregó? ¿Quién lo recibió? ¿Qué pendientes quedaron asentados?
¿Hubo acta de entrega? ¿Se identificaron adeudos, contratos vigentes, bienes asignados y obligaciones por cumplir? ¿Existe una revisión de lo recibido?
Son preguntas bastante menos vistosas que una despedida, pero bastante más útiles.
Presumir números impulsados por la fuerza nacional del movimiento tampoco equivale a explicar una administración. Colgarse los resultados colectivos como una hazaña personal puede servir para el aplauso; para la rendición de cuentas apenas alcanza como medalla de chocolate.
Y mientras se discute quién ocupará el espacio que dejó Olga, existe el riesgo de que lo verdaderamente importante termine debajo del escritorio.
El relevo no debería convertirse en una competencia entre Andrés Villegas y Pablo Salazar por demostrar quién tiene mayor influencia. Si la conducción del partido se reduce a esa disputa, Guadalupe Siyancan Peregrina quedará atrapada en una presidencia donde todos quieran decidir y nadie quiera responder.
A Siyancan le corresponde demostrar que tiene capacidad de conducción propia. Una encargada del despacho no tiene por qué resignarse a ser encargada del silencio.
Además, conoce el costo de los cuestionamientos financieros: su gestión en Xoxtla ha sido objeto de señalamientos y observaciones. Ella sostiene que las correspondientes a 2023 fueron solventadas y que 2024 sigue en revisión. Que esa experiencia sirva para exigir claridad documental en Morena.
La congruencia empieza por aplicar hacia dentro la transparencia que se reclama hacia fuera.
Su periodo al frente del partido podrá ser breve. No necesita una eternidad para hacer algo útil: promover una revisión documentada de la administración que recibe, solicitar la intervención de las instancias competentes y dar a conocer sus resultados.
Ahí está, por ejemplo, la nueva sede.
La adquisición de un inmueble propio merece una explicación completa: ¿cuándo se decidió comprar?, ¿quién autorizó la operación?, ¿cuál fue el precio final?, ¿qué avalúo la respaldó?, ¿de dónde salieron los recursos?, ¿qué alternativas se compararon?
El anuncio de que se dejará de pagar renta puede ser un argumento a favor de la compra. No sustituye la obligación de explicar sus condiciones.
También deben revisarse los recursos destinados a cursos, actividades editoriales, gasto programado y gasto corriente.
¿Qué se contrató? ¿Con quién? ¿Cuánto se pagó? ¿Qué productos se recibieron? ¿Dónde están las publicaciones, las listas de asistencia, los materiales y los comprobantes?
Una factura acredita un cobro. La revisión debe permitir saber, además, qué recibió el partido a cambio.
Siyancan tiene una decisión por delante: administrar la transición con discreción conveniente o aprovecharla para establecer un mínimo de orden.
Si quiere que su paso por la dirigencia tenga algún significado, puede empezar por exigir que cada vehículo tenga ubicación, cada contrato tenga justificación y cada peso tenga respaldo.
Porque el problema de una salida gris es que, sin revisión, puede convertirse en una herencia opaca.
Olga ya se fue de la presidencia. Eso no vuelve improcedente las preguntas sobre su gestión.
Y si ahora quiere que Tehuacán le abra la puerta, primero debería dejar claras las cuentas de la casa que acaba de abandonar.
La renuncia termina un cargo, pero no aclara cuentas.
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