El ascenso de Olga Romero fue meteórico.
Miguel Barbosa la tomó de la mano, la hizo diputada, la hizo dirigente de Morena y le impulsó su pleito por la herencia de Socorro Romero, lo que comenzó a oler más a operación política que a controversia familiar.
Decían que Barbosa la quería como una hija, pero en realidad quería la fortuna de cientos de millones de dólares. ¿Por qué un senador/gobernador intervino públicamente para defender a una particular en un litigio sucesorio?
Barbosa decía que era “un conflicto entre particulares”.
Curioso conflicto entre particulares: carpetas, cateos, cuentas congeladas, órdenes de aprehensión y una velocidad institucional que cualquier víctima de Puebla quisiera recibir.
Durante años, Olga y quienes la acompañan han acusado a la familia Celis Romero de fraude y manipulación, mientras que la familia se ha enfrentado a carpetas armadas, dictámenes cuestionables y acciones destinadas a doblegarlos.
Olga tuvo al gobernador, al partido, tuvo influencia, al aparato completo de estado a su servicio, pero no pudo convertir sus acusaciones en una victoria jurídica definitiva.
Porque una cosa es tener poder y otra tener la razón.
Con la llegada de Idamis Pastor a la Fiscalía, el viejo expediente volvió a cobrar una velocidad sorprendente. Estela Romero y el notario Ramiro Rodríguez fueron detenidos mediante un despliegue desproporcionado; otras órdenes aparecieron y Miguel Ángel Celis (el animal) fue a prisión y tuvo que enfrentar más embates de Olga.
Por ello, la Fiscalía debería explicar por qué los asuntos relacionados con Olga avanzan con una eficacia que no existe para miles de ciudadanos.
Demasiadas coincidencias. ¿No lo creen?
Demasiada prontitud, demasiado poder e interés alrededor de una herencia.
Y la duda ya alcanza al Poder Judicial.
¿Quién solicita las órdenes?
¿Quién las libera?
¿Quién reactiva las carpetas que ya habían sido archivadas o revisadas?
¿Quién mueve las piezas?
Las preguntas también llegan a Gobernación.
Dentro de esa dependencia hay funcionarios que deberían garantizar estabilidad y neutralidad. Sin embargo, en Tehuacán crece la versión de que algunas manos estarían operando para facilitar los intereses de Olga.
¿Quiénes son?
¿A cambio de qué?
¿Gobernación está mediando un conflicto o protegiendo una ambición?
Si la versión es falsa, la dependencia debe desmentirla.
Si es cierta, alguien tendrá que explicar por qué servidores públicos intervienen en una pelea privada por millones de dólares.
Porque esta embestida no solamente amenaza a Estela, Ramiro o Miguel Ángel.
Pone en riesgo un consorcio del que dependen miles de trabajadores y sus familias.
Olga presume los principios de Morena:
No mentir.
No robar.
No traicionar.
Pero se roba un apellido para reclamar una familia, miente para “agandallarse” una herencia y traiciona al movimiento para proteger una ambición personal.
Barbosa ya murió.
Su padrino desapareció.
Los expedientes no le han entregado la fortuna.
Y su poder comienza a caer en picada.
Olga la morenista.
Olga, la heredera del poder.
Todavía tiene cargo.
Pero cada día tiene menos autoridad moral.
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