Jaime Torreblanca Flores
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, sostuvo que la militancia en un partido político implica asumir sus principios, normas y valores, y no limitarse a la búsqueda de candidaturas o cargos de elección popular.
El mandatario fijó esta postura en medio de la controversia generada por las diputadas locales de Morena Nayeli Salvatori Bojalil y Graciela Palomares, quienes fueron señaladas por realizar comentarios ofensivos contra personas adultas mayores durante una transmisión digital.
Aunque evitó referirse de manera directa a las posibles sanciones contra las legisladoras, Armenta subrayó que toda persona afiliada a una organización política tiene la obligación de conocer y respetar sus documentos básicos, así como de mantener una conducta congruente con la ética del movimiento al que pertenece.
“Quienes militamos en un partido tenemos la obligación de revisar el código de ética partidaria, la declaración de principios y el programa de acción. Son tres documentos básicos, además de los estatutos”, declaró.
El gobernador remarcó que pertenecer a una fuerza política no debe entenderse únicamente como una vía para acceder al poder público, sino como la aceptación consciente de una doctrina y de una serie de compromisos frente a la sociedad.
“Militar en un partido no es solamente buscar un espacio para obtener un cargo de elección popular. Cuando te afilias a un partido, te afilias a los principios, a la doctrina y a los valores”, afirmó.
Para respaldar su planteamiento, Armenta recordó su incorporación a Morena hace una década y aseguró que tomó esa decisión por convicción y por afinidad con el proyecto político encabezado entonces por Andrés Manuel López Obrador.
“Yo me incorporé a Morena hace 10 años y lo hice totalmente consciente, convencido de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador representaba. Para mí, es parte de mi propia conducta y de mi propia visión como político y ciudadano”, puntualizó.
Las declaraciones del mandatario se suman a los pronunciamientos surgidos por el caso de Salvatori y Palomares, cuya actuación reabrió el debate sobre los límites del discurso público, la responsabilidad de los representantes populares y el respeto a los principios de inclusión y no discriminación.
