Jaime Torreblanca Flores
Las protestas y bloqueos que afectaron distintos puntos de Puebla y su zona metropolitana por denuncias de presuntos abusos en el penal de San Miguel podrían tener detrás intereses ajenos a las demandas de los familiares de internos, advirtió el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien señaló la posible participación de grupos armados en las movilizaciones.
El mandatario estatal sostuvo que los cierres viales no respondieron únicamente a una inconformidad social y afirmó que existen indicios de una presunta organización detrás de las protestas.
Para respaldar sus declaraciones, mostró fotografías en las que, según explicó, aparece un manifestante encapuchado portando un arma de fuego que, por sus características, podría ser de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Armenta también aseguró que, de acuerdo con los reportes recibidos por la Secretaría de Gobernación, algunos participantes habrían cobrado aproximadamente 400 pesos por permanecer durante dos horas en los bloqueos.
Según el gobernador, estas personas se retiraban una vez transcurrido ese periodo, sin aceptar las mesas de atención ofrecidas por la Secretaría de Gobernación.
Los señalamientos surgen después de una jornada de movilizaciones motivada por denuncias de familiares de personas privadas de la libertad sobre presuntas extorsiones, amenazas y abusos dentro del penal de San Miguel.
Ante este escenario, Armenta afirmó que el centro penitenciario se encontraba bajo el control de la delincuencia antes del inicio de su administración y anunció una revisión a fondo de su funcionamiento, con respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional.
Como parte de las medidas previstas, adelantó que durante esta misma semana podrían ser trasladados dos o tres internos considerados de alta peligrosidad.
El mandatario sostuvo que su gobierno mantendrá abiertos los canales de diálogo institucional, pero insistió en la necesidad de investigar tanto la posible intervención de grupos delictivos en las protestas como las denuncias de amenazas y extorsiones dentro del reclusorio.
Finalmente, aseguró que las acciones de seguridad y revisión penitenciaria deberán realizarse con respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
