Jorge Barrientos
La expresidenta municipal de Cuautlancingo, María Guadalupe Daniel Hernández, fue inhabilitada por un periodo de diez años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, luego de que el Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Puebla la determinara responsable de una falta administrativa grave por desvío de recursos públicos. Además, deberá cubrir una sanción económica de 7.6 millones de pesos.
De acuerdo con la resolución correspondiente al expediente 85/2024-PRA-SERA-2, emitida por la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, el Tribunal acreditó la responsabilidad de la exfuncionaria por hechos relacionados con su desempeño al frente del Ayuntamiento de Cuautlancingo.
La sentencia establece, en su resolutivo segundo, una inhabilitación de diez años para ocupar cualquier cargo dentro del servicio público. A esta sanción se suma la multa económica reportada por 7.6 millones de pesos.
La resolución se da en un momento políticamente complicado para Daniel Hernández, quien recientemente manifestó su intención de participar en el proceso interno de Morena para obtener la Coordinación Municipal del partido en Cuautlancingo y posicionarse rumbo a las elecciones de 2027.
En ese mismo proceso también se registró Alberto Vázquez, identificado como yerno de la exalcaldesa y pareja sentimental de la regidora Ana Laura Papaqui Hernández. De acuerdo con versiones políticas locales, ambos contarían con el respaldo de Daniel Hernández para impulsar este proyecto.
El escenario político también involucra a Papaqui Hernández y a la regidora de Movimiento Ciudadano, Evelyn Camela, quienes han mantenido una postura crítica frente al gobierno municipal encabezado por Omar Muñoz.
Ambas integrantes del Cabildo han protagonizado cuestionamientos a la actual administración, en medio de diferencias políticas que se han intensificado conforme se acerca la disputa por los espacios de representación rumbo a 2027.
La sanción impuesta a Guadalupe Daniel Hernández representa un golpe a sus aspiraciones políticas y coloca bajo escrutinio al grupo que busca conservar presencia en Morena y mantener influencia en la vida pública de Cuautlancingo. El caso también abre el debate sobre los antecedentes administrativos de quienes buscan representar a los partidos políticos en los próximos procesos electorales y la responsabilidad que implica haber ocupado cargos públicos.
