Hay lugares donde la ciencia, concebida antaño como el noble oficio de descorrer los velos de la naturaleza, se reduce hoy a la mezquindad de una hoja de Excel y al tic-tac implacable de un reloj checador. Sucede en los eriales administrativos de este México nuestro, concretamente en los dominios del Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada (CIBA) de Tlaxcala, dirigido por la Dra. Diana Cortes, donde la burocracia de sotana gris ha decidido que los microbios obedecen reglamentos y que la inteligencia, por muy molecular que sea, debe fichar puntualmente a la hora del café o sufrir el castigo del látigo administrativo.
Ha caído en mis manos un panfleto burocrático, una circular de esas que huelen a tumba de expediente y a miedo institucional. La Circular CIBA Tlax/DSA-CH/001/2026, firmada por unos censores anónimos del Capital Humano, es un monumento a la desconfianza y al despotismo ilustrado de ventanilla. En ella, el Estado patrón desenvaina el reglamento como un alfanje para recordarle a los investigadores que no son mentes libres buscando la verdad biotecnológica, sino simples galeotes atados al banco del remo académico.
El documento destila una esquizofrenia fascinante. Por un lado, la superioridad reconoce con una cínica franqueza que la naturaleza de la investigación científica, el muestreo y los proyectos exige jorornadas maratónicas y una «permanencia mayor en las instalaciones». Pero a renglón seguido, con la pluma mojada en hiel, advierte que esas horas robadas al sueño y a la familia son de uso exclusivo del patrón: quedan registradas en el checador, sí, pero no son acumulables ni se pagan. Es el timo de toda la vida: trabaje usted lo que su vocación le exija, rompa probetas, analice secuencias y fermente esperanzas, pero ni se le ocurra pretender cobrar un centavo extra o aspirar a una compensación justa. El sudor del investigador es gratuito; los minutos de retraso, sagrados y punibles.
Y qué decir del trato dispensado al cuerpo y a la salud. El memorando decreta, con la soberbia de quien jamás ha pisado un hospital público saturado, que los certificados de médicos particulares no valen ni el papel en el que están impresos. Para estos inquisidores de la asistencia, un dolor repentino o una fiebre implacable solo adquieren carta de naturalización si un médico del ISSSTE, tras horas de interminable peregrinar, concede el codiciado sello oficial. Si el cuerpo flaquea fuera del circuito burocrático, el trabajador miente.
Pero lo más delirante, lo que roza el esperpento cervantino, es la cruzada contra el intelecto en movimiento. Prohíben terminantemente que un investigador salga del cubículo para supervisar un muestreo, verificar un convenio tripartita o revisar el trabajo de sus alumnos en el campo si el papelito de la «comisión oficial» no lleva el sello exacto. Pretenden que la biotecnología se cultive in vitro bajo la mirada del celador, ignorando que la ciencia real ocurre allá afuera, en el barro, en la planta piloto, en los meandros de la realidad económica y social que el propio IPN presume servir.
Al final, esta circular es el retrato de una época: burócratas mediocres gobernando sobre talentos excepcionales, armados con normativas de alcoba para doblegar a quienes intentan salvar el futuro desde los laboratorios de provincia. Mientras tanto, el reloj sigue avanzando, implacable, midiendo el tiempo de unos hombres y mujeres a los que se les exige la genialidad de los dioses pero se les trata con la desconfianza de los criminales en libertad condicional. Una pena de país, y una vergüenza de trato.
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