La diputada federal Liliana Ortiz Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley General de Educación Socioemocional y Promoción de la Salud Mental en el Sistema Educativo. El objetivo central de esta propuesta es establecer un marco jurídico que incorpore de manera obligatoria, permanente y progresiva la educación socioemocional en todas las escuelas del país.
Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, la legisladora poblana subrayó la urgencia de transitar hacia una «política socioemocional de Estado» que no dependa de programas temporales ni de decisiones aisladas de cada plantel. «Se pretende (…) que en su currícula podamos darles herramientas para la vida», declaró Ortiz Pérez, quien también integra las Comisiones de Educación y de Salud.
La iniciativa plantea que la educación debe superar la mera adquisición de conocimientos académicos. Por ello, propone dotar a niñas, niños y adolescentes de habilidades clave como el reconocimiento y manejo de emociones, la empatía, la comunicación asertiva, la resiliencia y la resolución pacífica de conflictos.
Un eje fundamental de la propuesta es la capacitación docente. La diputada explicó que, dependiendo de la edad del estudiante, la Secretaría de Educación Pública (SEP) otorgará un Plan Nacional para capacitar a los maestros. Esto no solo les permitirá transmitir estas herramientas a los alumnos, sino aplicarlas en ellos mismos y aprender a detectar las «alertas rojas» de violencia que los estudiantes emiten en las aulas o en los entornos escolares.
El documento también contempla la incorporación planificada de actividades socioemocionales en los procesos educativos, la participación activa de madres, padres y cuidadores, así como la prevención del acoso escolar, el ciberacoso, la discriminación y otras formas de violencia. Para garantizar su continuidad, se propone la creación del Sistema Nacional de Educación Socioemocional y Promoción de la Salud Mental, bajo la conducción de la SEP.
La presentación de esta ley ocurre en un contexto crítico. Al respecto, la legisladora panista fue contundente: «El 2026 para México es desafortunado, porque lo convierte en el año más violento en el tema de las escuelas y eso lo tenemos que parar».
Finalmente, Ortiz Pérez destacó que esta iniciativa ha sido respaldada por especialistas nacionales e internacionales, y aseguró que sigue las tendencias globales para atender y acompañar la educación integral. Con este marco legal, se busca garantizar una política pública con responsabilidades definidas y mecanismos de implementación en beneficio de toda la comunidad educativa.
