Por Manuel CARMONA
En política, las palabras nunca viajan solas. Van acompañadas de investidura, contexto y expectativas sociales. Lo que en una sobremesa privada podría quedar como una broma desafortunada, en boca de una figura pública adquiere una dimensión distinta: se convierte en mensaje político, aunque no haya existido esa intención.
Las diputadas poblanas Nay Salvatori y Grace Palomares han comprobado, quizá de la manera más áspera posible, esa vieja regla no escrita de la comunicación pública. Sus comentarios en un podcast sobre exparejas sentimentales pretendían, según se aprecia en el tono de la conversación, recurrir al humor y a la ironía personal. Sin embargo, una parte importante de la opinión pública interpretó aquellas expresiones como una burla hacia las personas adultas mayores.
Conviene hacer una distinción que en tiempos de polarización suele desaparecer: una cosa es criticar el error político y otra sumarse al linchamiento moral. Las diputadas cometieron un error evidente de juicio y comunicación, pero eso no significa que merezcan una condena absoluta ni que deban ser reducidas para siempre a un fragmento de video viral.
El problema de fondo no fue únicamente lo dicho, sino el espacio desde el cual fue dicho. La política contemporánea ha confundido cercanía con informalidad permanente. Muchos representantes populares participan en podcasts, transmisiones en vivo y plataformas digitales buscando mostrarse auténticos, espontáneos y accesibles. El riesgo es que, al bajar la guardia, olvidan que nunca dejan de ser representantes públicos.
Ese fue, a mi juicio, el verdadero tropiezo de Salvatori y Palomares. No entendieron que la investidura no se cuelga al entrar a un estudio de grabación. Una diputada puede hablar de su vida personal, de sus afectos y de sus rupturas, pero debe hacerlo consciente de que cada frase será examinada bajo el prisma de la función que desempeña. La ciudadanía no escucha únicamente a una mujer contando una anécdota sentimental; escucha a una legisladora cuya voz tiene visibilidad, influencia y responsabilidad institucional.
Ahora bien, también resulta preocupante la velocidad con la que operan los llamados tribunales mediáticos. En cuestión de horas, las redes sociales emitieron un veredicto inapelable: las diputadas eran culpables de despreciar a la tercera edad. No hubo matices, contexto ni posibilidad de rectificación. La indignación digital suele funcionar con una lógica binaria: o se absuelve por afinidad política o se destruye por conveniencia moral.
Esa dinámica empobrece el debate público. Si cada desliz verbal se convierte automáticamente en prueba de una supuesta perversidad esencial, terminaremos sustituyendo la deliberación democrática por la cultura de la hoguera virtual. La crítica es necesaria; el escarnio permanente, no.
Dicho esto, las legisladoras harían mal en refugiarse exclusivamente en el argumento de la “mala interpretación”. Cuando una expresión genera de manera tan amplia una percepción de agravio, corresponde asumir que la responsabilidad comunicativa también incluye prever los posibles efectos del mensaje. La política exige sensibilidad social, especialmente frente a sectores históricamente vulnerables, como las personas adultas mayores.
La lección trasciende a las protagonistas de esta polémica. En una época donde los límites entre entretenimiento, opinión y representación pública se han vuelto difusos, los políticos necesitan comprender que la espontaneidad sin prudencia suele terminar en crisis. El electorado puede perdonar un error humano; lo que difícilmente perdona es la sensación de frivolidad frente a temas que tocan fibras sociales sensibles.
Nay Salvatori y Grace Palomares no deberían ser canceladas por una conversación imprudente. Pero sí tendrían que reconocer que la política no concede pausas de responsabilidad. Quien ocupa un cargo de representación popular puede entrar a un podcast como invitada, como ciudadana o como mujer con historias personales; lo que no puede hacer es olvidar que, para bien o para mal, la sociedad seguirá viéndola como diputada.
Y esa diferencia, pequeña en apariencia, suele ser la frontera entre una anécdota privada y un problema público.
