Por Manuel CARMONA
En el Instituto Nacional Electoral, la confianza es el capital más importante. Sin ella, hasta el silbatazo más legal despierta sospechas. Y Guadalupe Taddei, su consejera presidenta, enfrenta una crisis que ya no puede resolverse con una conferencia de prensa y una promesa de transparencia.
Las investigaciones periodísticas sobre proveedores del organismo han colocado bajo los reflectores a antiguos colaboradores, presuntos vínculos con empresas contratistas y relaciones personales que han levantado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés. La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio ante indicios de posibles irregularidades en contrataciones, colusión y triangulación de recursos. Nada de esto constituye, por sí solo, una sentencia contra Taddei. Pero tampoco la absuelve.
La consejera presidenta rechaza los señalamientos, niega favoritismos y sostiene que deben esperarse los resultados de las auditorías. Tiene derecho a defenderse y a que se respete la presunción de inocencia. Lo que no puede exigir es que la opinión pública suspenda sus preguntas mientras las instituciones investigan.
Porque el problema no se limita a determinar si hubo contratos irregulares. También importa saber quién conocía a quién, qué relaciones existían, cómo se tomaron las decisiones y si los controles funcionaron como debían.
En política, las explicaciones tardías suelen tener un defecto: llegan cuando la desconfianza ya encontró dónde instalarse.
Y aquí aparece la ironía. El organismo encargado de garantizar elecciones confiables necesita ahora demostrar que sus propias contrataciones son confiables. El árbitro, acostumbrado a revisar las faltas ajenas, está obligado a someterse al mismo escrutinio.
Taddei ha anunciado revisiones y medidas de transparencia. Bien. Pero publicar contratos y abrir expedientes es el principio de una explicación, no su conclusión. La transparencia no consiste en poner documentos en una página web y esperar que desaparezcan las dudas por agotamiento ciudadano.
La cuestión de fondo es institucional: ¿puede la presidencia del INE recuperar plenamente su autoridad mientras las investigaciones siguen abiertas y las sospechas alcanzan a personas de su entorno?
La respuesta no debe dictarla la oposición, ni el oficialismo, ni la propia funcionaria. Debe surgir de hechos verificables, investigaciones independientes y explicaciones completas.
Pero hay una realidad que ningún comunicado puede borrar: la credibilidad se pierde más rápido de lo que se reconstruye.
Si las acusaciones resultan infundadas, Taddei tendrá la oportunidad de demostrarlo. Si se acreditan responsabilidades, deberán existir consecuencias. Y si la permanencia de su titular se convierte en un obstáculo para recuperar la confianza pública, la separación temporal del cargo merece discutirse con seriedad, sin prejuzgar culpabilidades.
En materia electoral, no basta con ser imparcial. También hay que ofrecer razones suficientes para que nadie dude de ello.
