Recordar es volver a vivir. El 9 de abril de 2026, la Fiscalía de Puebla decidió que la mayor amenaza a la seguridad pública era una señora de 85 años, con oxígeno permanente y silla de ruedas.
Para neutralizarla se desplegó al Ejército Mexicano, a la Marina, a la Guardia Nacional y a la Agencia Estatal de Investigaciones de la fiscalía general del Estado. Varias cuadras acordonadas alrededor de las oficinas del consorcio SRS en Tehuacán. Ariete en la puerta. Y al final, una anciana fue sacada de su domicilio en su silla de ruedas por más de una decena de agentes.
Que nadie diga que no se toma en serio el Estado de derecho: aquí sí se le pone todo el aparato del Estado a una jubilada.
La detenida se llama Estela Romero Bringas, heredera universal del emporio avícola, valuado en más de 600 millones de dólares. Fue trasladada a la Casa de Justicia de Ciudad Serdán y mantenida ahí 24 horas, hasta que el juez de control Francisco Javier Orozco Treviño tuvo que intervenir para pausar y acotar la audiencia dado el deterioro visible de su salud. Ese mismo día se buscó, sin éxito, capturar también a Efrén Tlapanco Garmendia, mano derecha de la familia, y sí se detuvo al notario Ramiro Rodríguez Maclub, el mismo que dio fe del testamento de 2009.
Aquí viene el dato que debería incomodar a cualquiera que crea que la Fiscalía General del Estado actúa por convicción y no por instrucción: la denuncia por fraude genérico contra Estela Romero Bringas no es nueva.
Ya se había presentado en 2016 y en 2021. En ambas ocasiones se investigó y se sobreseyó. Es decir, dos veces el sistema de justicia poblano revisó los mismos hechos y concluyó que no había delito que perseguir.
¿Qué cambió en 2026 para que la misma historia, con los mismos hechos, de pronto sí amerita un operativo con Ejército y Guardia Nacional? La respuesta corta: nada cambió en los hechos. Lo que cambió fue quién estaba presionando desde arriba.
Porque la denunciante, la que, de acuerdo con reportes, fue atendida como «víctima» por la Fiscalía en el documento que ordenó la presentación de Estela Romero, es la misma Olga Lucía Romero Garci-Crespo, dirigente estatal de Morena, protagonista de nuestra entrega pasada. La misma que litiga desde hace doce años por una herencia a la que, según sus propios familiares, nunca estuvo verdaderamente cerca. Y la fiscal que firma la orden de presentación es Idamis Pastor Betancourt, quien llegó al cargo durante la presente administración.
Hay que reconocerle a Monina su sentido de la proporción: para cobrar una herencia disputada desde hace más de una década necesitaba, evidentemente, un macro operativo con fuerzas federales y estatales contra una nonagenaria en silla de ruedas. Vaya usted a saber a qué velocidad estrepitosa pensaban que Estela Romero podía huir en su silla de ruedas motorizada, pero el aparato de seguridad del estado de Puebla no quiso correr ese riesgo. Mejor prevenir con Ejército que lamentar con un amparo.
La pregunta que queda flotando “y que algunos activistas ya gritaron frente a las oficinas de la Fiscalía exigiendo la destitución de Idamis Pastor” es simple: ¿actuó la fiscal por criterio propio o le hizo un favor político a la dirigente de su partido en el poder?
El propio gobernador, según trascendió, mandó decir que él estaba al margen del operativo. Si eso es cierto, entonces la titular de la Fiscalía General del Estado tiene una explicación pendiente: ¿bajo qué instrucción, y de quién, se activó semejante despliegue contra una mujer que ya había sido investigada dos veces por los mismos hechos y absuelta en ambas?
Mientras esa respuesta no llegue, en Tehuacán la lectura es unánime: Monina no necesita ganar el litigio en tribunales si puede ganarlo a punta de operativos. El problema es que el costo de esa estrategia no lo paga ella. Lo pagan las instituciones que se prestan para ejecutarla.
Es un hecho, la todavía presidenta de Morena ya le estorba a su partido y por supuesto a los grupos de poder.
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