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Con una licitación superior a los 129 millones de pesos como antecedente, la industria gráfica de Puebla busca cambiar las reglas de contratación para las elecciones de 2027 y evitar que empresas sin infraestructura productiva concentren los negocios de impresión que podrían beneficiar directamente a fabricantes locales.
La Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas (Canagraf) exigió que las compras electorales se realicen por especialidad y se otorguen directamente a empresas que acrediten contar con maquinaria, instalaciones y trabajadores, en lugar de recurrir a intermediarios que subcontratan los servicios y revenden los productos.
En rueda de prensa Alejandro García Sánchez, presidente de Canagraf en Puebla, señaló que esta problemática también se refleja en los procesos electorales de la entidad. Como ejemplo, citó una licitación del Instituto Electoral del Estado (IEE) por más de 129 millones de pesos, en la que se agruparon boletas, bolsas, cajas, mamparas y logística en un solo paquete, pese a que corresponden a diferentes especialidades.
Advirtió que este esquema dificulta comparar costos y evaluar la capacidad real de los proveedores. Por ello, convocó al IEE y al Instituto Nacional Electoral (INE) a instalar mesas de trabajo para revisar los requisitos de las empresas que participarán en las contrataciones rumbo a 2027.
El dirigente aclaró que las imprentas poblanas no buscan desplazar a Talleres Gráficos de México, sino complementar su trabajo: esta institución puede concentrar la producción de materiales de seguridad, mientras que los fabricantes locales pueden atender otros requerimientos electorales.
Además, Canagraf buscará compromisos con los partidos políticos para que la propaganda y los materiales de campaña sean contratados directamente con empresas poblanas, con el propósito de que los recursos destinados a estos servicios generen actividad económica y empleos en la entidad.
El presidente nacional de Canagraf, Óscar Carnevali Samper, propuso cinco medidas: incorporar a la industria gráfica en los comités técnicos electorales, verificar la infraestructura y el personal de los proveedores, privilegiar la contratación directa, aprovechar la capacidad de Talleres Gráficos de México y extender estos criterios de transparencia a otras instituciones públicas.
Por su parte, Juan Pablo Cisneros Madrid, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), respaldó el planteamiento y pidió revisar los procedimientos de contratación para identificar posibles conductas sancionables, sin confundirlas con la actividad de empresas que producen e invierten.
Sostuvo que las compras públicas deben garantizar legalidad, competencia y transparencia, además de condiciones equitativas para los proveedores. También llamó a fortalecer la autonomía y capacidad técnica del INE de cara a los próximos procesos electorales.
