Acción Nacional acudió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender el voto ciudadano, la pluralidad política y los contrapesos democráticos en los Ayuntamientos de Puebla.
La dirigencia nacional presentó una acción de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones de la reforma electoral aprobada por la mayoría de Morena en el Congreso del Estado, al considerar que los cambios en la integración de los Cabildos reducen la representación de las distintas fuerzas políticas respaldadas por la ciudadanía. Uno de los principales efectos de la reforma se observa en el municipio de Puebla, donde las regidurías de representación proporcional pasan de 7 a solo 4.
El impacto es especialmente preocupante en Puebla capital. La reforma reduce la representación proporcional del 30.43% al 26.67%, es decir, de 7 a 4 regidurías, dejando a las fuerzas minoritarias con menor presencia en el Cabildo. Puebla es el municipio más grande del estado, pero será donde menos se garantice la representación de las minorías: mientras los municipios de hasta 90 mil habitantes conservarán un 27.27% y los de más de 90 mil un 33.33%, en la capital será apenas del 26.67%. Con esta distribución, quien gane la elección podrá concentrar más del 70% del Ayuntamiento, debilitando los contrapesos y haciendo que miles de votos tengan menor representación.
Para Acción Nacional, el debate no es sobre cargos para los partidos, sino sobre el respeto de los votos de las y los ciudadanos que eligieron una opción distinta a la mayoría. En una democracia, la mayoría gobierna, pero las minorías también cuentan: la representación proporcional garantiza que esas voces tengan presencia,
participación y contrapesos en las decisiones de los gobiernos municipales. Reducir estos espacios significa limitar la representación de quienes también forman parte de la voluntad ciudadana.
Corresponderá a la Suprema Corte determinar la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas. Acción Nacional mantendrá la defensa del voto ciudadano y de los contrapesos democráticos por las vías legales e institucionales.
