Jorge Barrientos
El diputado local y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez, aseguró que el Poder Legislativo actuará conforme a derecho en contra de cualquier autoridad municipal que incurra en presuntos actos de corrupción, mal manejo de recursos públicos o posibles vínculos con la delincuencia, sin importar el partido político al que pertenezca.
El legislador enfatizó que la postura de la bancada de Morena es mantener una política de cero tolerancia a la corrupción y garantizar a la ciudadanía que las investigaciones se realizarán de manera imparcial.
“Vamos a actuar conforme a derecho con cualquier presidente o presidenta municipal de cualquier color partidista, incluyendo Morena, que haga mal manejo de los recursos o que tenga algún vínculo con la delincuencia”, expresó.
Pavel Gaspar Ramírez señaló que, en caso de existir señalamientos o denuncias, solicitarán la intervención de las autoridades competentes, entre ellas la Auditoría Superior del Estado, para que se realicen las investigaciones correspondientes y se deslinden responsabilidades.
Asimismo, informó que en el Congreso del Estado se analiza la posibilidad de reformar el artículo 36 de la legislación local, proceso en el que se recibirán todas las propuestas y solicitudes de participación ciudadana.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política indicó que las iniciativas serán sometidas a un análisis jurídico y posteriormente turnadas a las comisiones correspondientes para su discusión.
Destacó que la representación popular y legislativa debe construirse con la participación de la sociedad, por lo que consideró necesario abrir espacios de diálogo y mesas de trabajo que permitan socializar las propuestas y alcanzar acuerdos entre los distintos sectores.
“Es un tema que debe analizarse y socializarse mediante mesas de trabajo donde exista discusión para llegar a un gran acuerdo”, puntualizó.
Finalmente, el diputado reiteró que el Congreso de Puebla mantendrá una postura de imparcialidad y transparencia en el análisis de cualquier caso relacionado con el uso indebido de recursos públicos, privilegiando el cumplimiento de la ley y la rendición de cuentas.
