Promueve diputado Elpidio Díaz iniciativa para reconocer el derecho al cuidado digno a personas en situación de vulnerabilidad

-En sesión de la Comisión Permanente del Congreso se presentaron iniciativas en temas de salud, educación, cultura, desarrollo económico y gobernación

Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, el diputado Elpidio Díaz Escobar presentó una iniciativa para reformar las fracciones V del artículo 12 y la V del artículo 26 de la Constitución Política del Estado, con el objetivo de reconocer el derecho al cuidado digno, como un derecho humano fundamental, destinado a satisfacer las necesidades básicas de las personas que, por razones vinculadas al ciclo de vida, condiciones transitorias o crónicas, o situaciones permanentes, requieren apoyo para garantizar su desarrollo e integración social y orgánica.

Lo anterior, bajo una perspectiva de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, atendiendo de manera prioritaria a las personas en situación de vulnerabilidad o dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, en la infancia y la vejez.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio y resolución correspondiente. 

Por otra parte, la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Elías Lozada Ortega presentaron una iniciativa para reformar el primer párrafo y la fracción V del artículo 122 del Código Penal del Estado, con el objetivo de establecer que, de manera excepcional y discrecional, la persona titular del Ejecutivo podrá otorgar el indulto, por cualquier delito del orden común que no sea de los que merezcan prisión preventiva oficiosa o se clasifiquen como graves por la ley, previo dictamen del órgano ejecutor de la sanción en el que informe respecto a la viabilidad o no del beneficio, expresando sus razones y fundamentos, siempre que sea por cuestiones humanitarias, sociales o de equidad, o existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada.

Estableciendo, como uno de los requisitos, cuando se trate de una persona, cuya pena privativa de la libertad sea menor de cinco años, desde una perspectiva de género e interseccionalidad.

La iniciativa fue dirigida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

La diputada Araceli Celestino Rosas presentó una iniciativa para reformar el artículo 26 A de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, con la finalidad de evitar referencias a cargos públicos formuladas exclusivamente en masculino y denominaciones institucionales que ya no corresponden a la organización gubernamental vigente, armonizando su contenido con la estructura administrativa actual y con las mejores prácticas de técnica legislativa, favoreciendo un marco jurídico más claro, incluyente y congruente con el marco constitucional.

La propuesta legislativa fue dirigida a la Comisión de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad. 

Asimismo, la diputada Araceli Celestino Rosas presentó una iniciativa para reformar la fracción V del artículo 162 de la Ley Estatal de Salud, con el propósito de armonizar el precepto de “anciano” por el de “personas adultas mayores”, que representa una denominación centrada en la persona y acorde con los principios de igualdad, no discriminación y respeto a la dignidad humana.

La iniciativa fue dirigida a la Comisión de Salud

De igual manera, la diputada Araceli Celestino Rosas presentó una iniciativa para reformar las fracciones II y III del artículo 38 de la Ley de Cultura del Estado de Puebla, con el objetivo de sustituir expresiones que responden a un contexto histórico distinto, por una redacción acorde con los principios de igualdad, inclusión, no discriminación y respeto a la dignidad humana, sin modificar el contenido sustantivo de la disposición.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Cultura.

La diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Elías Lozada Ortega presentaron una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para la Prevención Social y Comunitaria de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Puebla, con el objetivo de fortalecer los mecanismos municipales de diagnóstico, focalización, planeación, seguimiento y evaluación de las acciones de prevención social y comunitaria de la violencia y la delincuencia, a través de elaborar y actualizar, al menos una vez al año, los Mapas de Riesgo municipales, identificando zonas de atención prioritaria y grupos en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa fue dirigida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

También, la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Elías Lozada Ortega presentaron una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores para el Estado de Puebla, con la finalidad de establecer, entre las atribuciones del SEDIF, el diseñar, coordinar y establecer mecanismos de atención con las autoridades competentes para la prevención, orientación, detección y canalización de situaciones que puedan constituir abuso, explotación o violencia patrimonial contra las personas adultas mayores, respetando en todo momento su autonomía y voluntad.

Para su análisis correspondiente, la propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad.

Por su parte, la diputada Azucena Rosas Tapia y el diputado Elpidio Díaz Escobar presentaron una iniciativa para reformar los artículos 10, 11, 13 y 18 de la Ley de Educación del Estado de Puebla, con el propósito de Implementar acciones diferenciadas, con pertinencia cultural, lingüística, territorial e intercultural, dirigidas a niñas, niños y adolescentes indígenas y afromexicanos, para garantizar su inclusión, participación, protección y acceso efectivo a los servicios educativos, en condiciones de igualdad sustantiva.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación. 

También la diputada Azucena Rosas Tapia y el diputado Elpidio Díaz Escobar presentó una iniciativa para reformar el artículo 396 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, con el objeto de fortalecer la claridad y actualidad de su redacción, preservar el principio de taxatividad y adecuar su terminología a las formas contemporáneas de disposición y transferencia de fondos o recursos económicos.

La propuesta legislativa fue dirigida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia. 

La diputada Elisa Limon Balderrabano presentó una iniciativa para reformar y adicionan diversas disposiciones del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, con el objetivo de establecer que, al que, mediante acción u omisión, realice actos de maltrato animal o crueldad animal, en términos de lo dispuesto por la Ley de Bienestar Animal del Estado de Puebla, con la intención de ocasionar dolor, sufrimiento o afectar el bienestar de cualquier animal, de manera ilícita o sin causa justificada, provocándole lesiones que no pongan en peligro la vida, se le impondrán de dos a cinco años de prisión y multa de cien a quinientas Unidades de Medida y Actualización vigente al momento en que se cometa el delito.

Si las lesiones provocadas por los actos de maltrato o crueldad animal ponen en peligro la vida del animal, se impondrán de tres a seis años de prisión y multa de ciento cincuenta a seiscientas Unidades de Medida y Actualización vigente al momento en que se cometa el delito; y si los actos de maltrato o crueldad animal provocan la muerte del animal, se impondrán de seis a diez años de prisión y multa de trescientas a ochocientas Unidades de Medida y Actualización vigente al momento en que se cometa el delito.

Para su estudio procedente, la iniciativa fue dirigida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

El diputado José Luis Figueroa Cortés presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Puebla, con el objetivo de que las empresas que se establezcan por primera vez en Puebla puedan ser consideradas para incentivos cuando generen empleos directos permanentes ocupados por personas jóvenes en edad permitida para trabajar que habiten en el Estado. 

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Económico.

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