Propone diputada Delfina Pozos reforma al Código de Ética sobre comunicación digital

La diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código de Ética Legislativa del Congreso del Estado, con el objetivo de garantizar que la comunicación digital parlamentaria observe los principios de transparencia, integridad, responsabilidad y rendición de cuentas.

Mediante la propuesta, se define a la comunicación digital parlamentaria como toda comunicación realizada mediante plataformas digitales, redes sociales, sitios de internet, aplicaciones o herramientas tecnológicas, cuando tenga por objeto informar, difundir o comunicar actividades directamente relacionadas con el ejercicio de la función legislativa.

Además, distingue entre las cuentas personales, utilizadas por la persona legisladora en su carácter de ciudadana, y las cuentas institucionales, usadas para el ejercicio de la función legislativa. De acuerdo con la iniciativa de la diputada, la “investidura legislativa representa a la ciudadanía y genera deberes adicionales de responsabilidad en el ejercicio de los recursos, atribuciones y canales institucionales”.

Por ello, propone adicionar al Código de Ética Legislativa del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, un capítulo denominado: “De la Comunicación Digital Parlamentaria”, en el cual se establecen las definiciones de comunicación digital parlamentaria y cuenta institucional, así como la distinción entre cuentas personales e institucionales.

Además, deberes de transparencia e identificación de cuentas institucionales; protección del derecho ciudadano a la crítica; prohibición de bloquear usuarios por sus opiniones críticas en cuentas institucionales; reglas respecto de actividades comerciales o remuneradas vinculadas con redes sociales; vinculación con el régimen de incompatibilidades y conflictos de interés; y una cláusula expresa de protección de la libertad de expresión.

En su iniciativa, la legisladora precisa que no se busca imponer una determinada forma de pensar o expresarse, sino que la función pública siga siendo ejercida con integridad, incluso cuando se desarrolla mediante herramientas digitales.

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